“Cuando el gobierno de CAP decretó el toque de queda nos pusieron un tanque de guerra frente al Bloque Uno con militares adentro”, cuenta Tirsia, habitante de Monte Piedad.Tanto fue el miedo que se impuso durante esos días que el apartamento de muchas personas se redujo al espacio del baño, a un estrecho pasillo o a un rincón de la sala, donde pernoctaban, para no ser alcanzados por las balas. “Uno no se podía ni asomar por la ventana, hubo apartamentos que los dejaron como un colador de las balas”, comenta Tirsia. “En esos días me asomé para guindar ropa en el tendedero. Cargaba puesto un reloj que brillaba con el reflejo del sol. Seguro la policía y el Ejército pensó que era un arma y por eso me dispararon. La bala me pasó cerquita, pegó en la pared y saltó. Un pedazo de la pared se introdujo en mi brazo”.
Estos testimonios, contados 21 años después del estallido social conocido como El Caracazo, recogen la represión del ejército y la policía contra el pueblo que salió a las calles para protestar las medidas económicas implementadas por el gobierno de CAP, el acaparamiento de productos de primera necesidad y las alzas desmedidas en los precios. Fueron cuatro millones de proyectiles los que se descargaron contra un pueblo desarmado, según refleja una investigación realizada por la revista Sic, del Centro Gumilla, lugar en el que confluyen religiosos jesuitas formados en diferentes disciplinas, profesionales laicos dedicados tanto al mundo académico como al empresarial, y líderes de organizaciones populares y de la sociedad civil.
El paquete de CAP
Un artículo de la revista Sic, de marzo de 1989, refiere que la toma de posesión del presidente Pérez dejó a los venezolanos una imagen difícil de digerir, pues “la austeridad predicada y necesaria brilló por su ausencia”, además de los anuncios de las medidas económicas a implementar.
Parte del paquete económico del gobierno de CAP, de 1989, establecía la liberación de los precios y de las tasas de interés, aumentos en el precio de la gasolina (en 100%), de las tarifas de electricidad y teléfono (en 50%), así como la eliminación de subsidios y del control de cambio.
El paquete también contemplaba endeudamientos adicionales con el Fondo Monetario Internacional (FMI), restricción de las importaciones e incentivos para las actividades exportadoras, entre otras medidas, cuyo impacto se compensaría con un aumento salarial del 30% en el sector público, extensible al sector privado por convenios a negociar.
Estas medidas buscaban someter a la economía al rigor de las fuerzas del mercado, donde los precios los determinaría el juego de la oferta y la demanda. La soberanía de las decisiones económicas nacionales quedaría a merced del FMI.
“Un auténtico paquete para los sectores medios empobrecidos de Venezuela. No hay que ser muy sagaz para prever las consecuencias sociales de estas medidas: acentuación de la pobreza y la agudización de las ya escandalosas diferencias sociales en el país”, sentenció el editorial de Sic de enero-febrero de 1989.
Días previos al estallido social
Esperando la liberación de los precios, los industriales y comerciantes mantenían acaparados algunos productos de primera necesidad. Los principales titulares de la prensa nacional de los dos primeros meses del ‘89 destacaban la ausencia de leche, café, sal, arroz, azúcar, papel higiénico, detergente y aceite de los anaqueles de los abastos y supermercados de todo el país.
“Cinco horas para comprar dos potes de leche popular”, era uno de los titulares de esos días del diario El Nacional.
Aunada a esta situación de acaparamiento, el asesinato del estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Dennis de Jesús Villasana Montaño, por parte de dos funcionarios de la PM, generó protestas en esta casa de estudios.
En la primera manifestación por la muerte de Dennis, falleció el empleado de la Facultad de Medicina de UCV, Carlos Yépez, a consecuencia de una bala en la cabeza disparada por otro efectivo de la PM.
La Universidad de Carabobo y la Universidad de los Andes se sumaron a las protestas en solidaridad por la muerte del estudiante y del empleado de la UCV, y en rechazo al denominado “paquetazo” de CAP.
El ministro de Educación de Pérez, Gustavo Roosen, había anunciado que dentro de las medidas económicas de ese gobierno estaba contemplada la privatización de la educación superior, y que los maestros no serían beneficiados con el decreto de aumento salarial del 30%, lo que generó también disgustos en el gremio y un paro de 48 horas.
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